
“Debe ser difícil desprenderse de algo tan hermoso.”
— El gerente del hotel en Pretty Woman.
Esa es la frase perfecta para expresar lo que siento. Durante los últimos 29 años, Rumbo ha sido mi orgullo y mi alegría; un verdadero logro.
No, no les voy a dar la lata de “servir a mi comunidad” ni de hacerlo por el “bien común”. Rumbo era una empresa con fines de lucro, no una institución benéfica. Nunca pretendimos ser otra cosa.
Pronto, el público descubrió que estábamos aquí para destacar las cosas buenas que sucedían en nuestra ciudad, especialmente con nuestros jóvenes que necesitan mentores y buenos modelos a seguir, a la vez que elogiamos a quienes se ofrecieron como voluntarios para la tarea.
Tuvimos la oportunidad de educar a personas con conocimientos básicos (o ninguno) sobre cómo funcionan las leyes. Rumbo ofreció diversos medios para informar al público sobre las leyes y regulaciones locales.
Durante las elecciones, se informó sobre quiénes eran los candidatos y sus posturas, pero es común el día de las elecciones escuchar a la gente llamar a la emisora de radio y preguntar: “¿Hoy es día de votación?”. Hay quienes prefieren permanecer ignorantes.
Con el tiempo, aprendimos sobre política interna, y fue un descubrimiento desagradable: Los candidatos prometían el cielo para ganar y, una vez en el cargo, se convertían en personas diferentes, ¡todos!
Este año, la política ha llegado a su punto más bajo. El Concejo Municipal está compuesto principalmente por miembros con intereses personales, como el presidente Jeovanny Rodríguez y la vicepresidenta Stephany Infante, quienes se han convertido en la sabandija del presidente para que este pueda dirigir su campaña a la alcaldía. Ella es sumamente irrespetuosa con la gente durante las reuniones del concejo, en particular menospreciando a los empleados cuando no pueden responder como ella merece.
Jeovanny viola la Carta Constitucional de la Ciudad siendo plenamente consciente de ello, como la sección que exige la verificación de antecedentes del potencial jefe de policía en un plazo de 30 días. Nos enteramos de eso por él, pero olvidó cumplirla.
Individuos incompetentes que no aportan nada a ninguna conversación, como Celina Reyes y Fidelina Santiago, que apenas habla inglés. Fidelina fue declarada culpable de un delito federal por robar papeletas de correo durante las últimas elecciones. Debería haber renunciado de inmediato, o el concejo debió cancelarla tras el anuncio del veredicto de culpabilidad.
El alcalde Brian DePeña ha estado dando dinero a empresarios a manos llenas, y no he podido averiguar si ya le entregó a Wendy Luzón los $32,000 que le debe al estado en impuestos sobre las comidas. Tengan por seguro que lo hará (si no lo ha hecho ya) porque ella vota como debe. Wendy también tiene la costumbre de robar carteles políticos de otros candidatos y ha sido grabada haciéndolo.
Gregory Delrosario, quien vota según la situación, me dijo una vez que su voto no significaría nada cuando la mayoría vota a favor.
Mi única esperanza era Marc Laplante; no sé qué le ha pasado últimamente. Es demasiado reservado y vota con la mayoría. Ya no es el luchador de antes.
El problema es que los residentes siguen eligiendo a las mismas personas para los cargos. No tienen suficiente información ni interés para tomar mejores decisiones.
Pero no crean que el alcalde está gobernando la ciudad. Brian está muy influenciado por personas sin educación y con intereses particulares, quienes son sus aliados y asesores más cercanos. Los miembros de su administración pueden aconsejarlo de una manera, y luego él da la vuelta y escucha a otros con alguna excusa insignificante. ¡Lo he visto repetidamente!
La Representante Estatal Estela Reyes es una figura clave en la oficina de Brian, tomando decisiones importantes. Ahí tienen a una concejala que se hizo millonaria comprando propiedades municipales como la casa en la calle Haverhill, junto a la Escuela Oliver, tasada en $1,400,000. El techo se había derrumbado, así que instaló uno nuevo y revestimientos, esperando pacientemente el momento adecuado para venderla. La estructura no está terminada por dentro y no tiene electricidad ni permiso de ocupación.
Se rumora que el alcalde le pagará lo que quiera, la demolerá y construirá estacionamientos adicionales para la escuela.
Mientras tanto, ha otorgado enormes aumentos salariales a empleados específicos, que ganan más de $100,000. Veo abusos como el del abogado Richard Rodríguez, director de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) de la Comisión de Discapacidad de Lawrence, quien recibió un pequeño aumento salarial con la condición de realizar trabajo extra para la fiscalía, lo que elevó el total a $67,000. ¿Acaso no saben que este es un puesto exigido por el estado y que no debería estar obligado a realizar trabajo extra para la ciudad?
La prueba de que la gente no presta atención a los acontecimientos realmente importantes que suceden en la ciudad es que la Autoridad de Reurbanización de Lawrence (LRA, por sus siglas en inglés) está obligando a la ciudad, a través del concilio, a ceder varias propiedades municipales para venderlas. He estado siguiendo las acciones sospechosas del director Octavien Spanner durante los últimos dos años y a nadie parece importarle.
La LRA está vendiendo propiedades que no les pertenecen. Las empresas se tomaron la molestia de enviar solicitudes de propuestas y hacer presentaciones de sus planes para propiedades específicas. Uno de esos “afortunados” fue Rafael “Danilito” Guzmán, quien adquirió el terreno de Merrimack Paper por un valor de 3 millones de dólares. Todos sabemos que organizó una gran recaudación de fondos para el alcalde con la asistencia de grandes donantes.
A Spanner le gusta presumir de sus gastos y cree que no tiene que rendirle cuentas a nadie. Presentó un informe de gestión con los gastos desde enero hasta el 31 de octubre de 2024, sin recibos. Gastó miles de dólares en Home Depot y Amazon y nadie sabe en qué. También muestra un cheque de $5,000 a Pedro Tejada para reembolso por capacitación y educación relacionada con los objetivos del LRA, pero nadie sabía que la capacitación estaba disponible y nadie más ha participado. Además, la junta no lo aprobó.
Empecé a sospechar cuando vi que Octavien pagó $3 en Dunkin. El usa la tarjeta de crédito del LRA como si fuera suya. Lo peor es que a nadie le importa.
Estoy agotada de ver todo esto a mi alrededor, pero nunca pensé que caería en esa red. El 1ro de mayo, describí cómo el alcalde me rogó que formara parte del comité para seleccionar al nuevo jefe de policía y lo que sucedió, solo para ver mi integridad en peligro.
Rumbo ha sido mi pasión. Alberto y yo nos enorgullecemos de lo que hemos logrado en estos 29 años, pero lidiar con personas que no atienden a razones y prefieren ser explotadas por los políticos es agotador.
Por eso, esta es la última edición de Rumbo. ¡Me doy por vencida!
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