Cientos firman en Lawrence el Libro Verde por el Fin de la Impunidad en RD

Por Bethania Apolinar

Cientos de dominicanos residentes en Lawrence han acudido a firmar el “Libro Verde” mediante el cual diferentes organizaciones sociales demandan el fin de la impunidad en la República Dominicana y una respuesta al escándalo de corrupción con la constructora brasileña Odebrech.

Con el Libro Verde por el Fin de la Impunidad se busca acumular firmas para pedir al presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, una comisión de fiscales independientes acompañada de técnicos de las Naciones Unidas para investigar los sobornos por más de 92 millones de dólares de la compañía brasileña Odebrecht a funcionarios dominicanos para obtener la concesión de obras.

El grupo, el mismo que promovió la Marcha Por el Fin de la Impunidad del pasado 22 de enero, le dio un plazo al mandatario hasta el 27 de febrero para que responda a su solicitud, o de lo contrario, intensificarán la lucha.

“Somos conscientes del régimen de corrupción e impunidad que mantiene a nuestro país en la pobreza y el desorden institucional, por lo tanto, no descansaremos hasta que estén en la cárcel cada uno de los responsables de los sobornos y de las sobrevaluaciones del caso Odebrecht y recuperemos todo el dinero robado”, indica uno de los propósitos de la firma del libro.

En Lawrence, la Firma del Libro Verde es apoyada y coordinada por Alfred Potter, Juan Tomas Vásquez y Luis Pichardo, quienes procuran demostrar que la diáspora tiene incidencias en las decisiones y acciones que afectan a todos los dominicanos.

Potter dijo que la iniciativa es impulsada desde la República Dominicana por una conjunción de organizaciones sociales sin fines políticos.

“Esto es apolítico, no somos regidos ni pertenecemos a ningún partido político tradicional. Esto es una salida para que el pueblo pueda externar su frustración y tratar de conseguir los objetivos propuestos, como es alcanzar el fin de la impunidad en República Dominicana”, expresó.

En esta ciudad el Libro Verde puede ser rubricado en el 530 de la Broadway de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, donde cientos de dominicanos han estampado sus firmas, incluyendo personas de los diferentes partidos políticos que inciden en la República Dominicana.

Potter dijo que en 10 días han firmado el Libro Verde casi mil personas. En el país caribeño la firma del Libro Verde se inició el 5 de Febrero en el Parque Independencia por donde desfilaron decenas de personas, entre ellas algunas figuras del ámbito político y empresarial.

Además, se tienen libros verdes en Lynn, Boston, Florida, Texas y según Potter en Nueva York se han llenado varios libros.

En RD

En la República Dominicana la firma del Libro Verde por el Fin de la Impunidad ha recibido el respaldo de miles de ciudadanos que a través de las redes sociales, sobre todo Facebook, Instagram y Twitter se manifiestan a través de videos, fotografías y otros mensajes.

El Presidente Danilo Medina se referirá al escándalo de corrupción que envuelve a la empresa constructora Odebrecht en su discurso del 27 de Febrero, Día de la Independencia Nacional, según informó esta semana el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.

Potter resaltó que el Libro Verde es consecuencia de la impunidad con que el Gobierno Dominicano está manejando el escándalo de corrupción con Odebrecht, que no solo envuelve el pago de sobornos admitido por la empresa, sino también sobrevaluaciones de obras construidas por la empresa en el país, sin que todavía haya nadie detenido.

El Dato

El 21 de diciembre del 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una investigación al conglomerado brasileño de negocios conocido como Odebrecht, especializado en ingeniería y construcción, donde se le acusa de pagar unos 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos de 12 países de Latinoamérica y África, incluido Brasil.

De acuerdo con documentos dados a conocer por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Grupo Odebrecht, matriz a la que pertenece la Constructora Norberto Odebrecht, habría entregado US $92 millones de sobornos en el país entre 2001 y 2014 para ser favorecida con obras.

Supuestamente esos recursos fueron entregados a “funcionarios e intermediarios del Gobierno” y, como resultado, Odebrecht obtuvo unos beneficios de 163 millones de dólares, según denunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Desde el 2002 a la fecha, a la Constructora Norberto Odebrecht se le ha contratado para la ejecución de unas 17 obras de infraestructura en la República Dominicana. La mayoría de los contratos se firmaron durante los gobiernos del expresidente Leonel Fernández 2004-2008 y 2008-2016 y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, fue el funcionario al que más le tocó rubricarlos, siete en total, desde más de una función pública.

Le sigue en firmas, el actual ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, con cinco, de un total de 11 proyectos que esa dependencia confió a la empresa brasileña, hoy blanco de investigación por los supuestos pagos de sobornos a funcionarios a cambio de ser favorecida con contratos de obras.

El pasado 20 de enero el procurador general de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, reveló que la constructora se comprometió a pagar 184 millones de dólares en compensación al Estado dominicano por los sobornos de US $92 millones. Para la negociación se tomó como referencia la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión”.

Según informaciones un tribunal se abocará a conocer un contrato en que Odebrecht se comprometiera “Dicho monto será desembolsado paulatinamente en un plazo de 8 años, mediante pagos anuales parciales hasta enero del año 2025″, dijo Jean Alain Rodríguez.

En este país la compañía se encuentra ejecutando la carretera Piedra Blanca Cruce de Ocoa, la Carretera Miches-Sabana de la Mar, y la millonaria termoeléctrica de Punta Catalina, cuyo contrato adjudicado el 9 de diciembre del 2013 señala un monto de $2,040,747,405 (“rebajado” luego a US $1,945,000,000).  Este monto sobrepasa en US $1,140 millones, al precio de US $900 millones inicialmente propuesto por la firma china Gezhouba Group Company Limited, de acuerdo a varias denuncias.