Pasando por nacional
Algo muy interesante ocurrió hace un par de días. Hice una búsqueda en Google por el artículo del pasado domingo en el Eagle-Tribune ” On YouTube and in the courts, a city and a cop do battle” por Keith Eddings, sólo para descubrir que había sido publicado nacionalmente. Sí, fue publicado por docenas de otros periódicos de todo el país que forman parte de Community Newspapers Holdings Inc., la compañía de Alabama que es dueña del Eagle-Tribune.
La recaudación de fondos del alcalde
Revisé los fondos de la campaña política del Alcalde Daniel Rivera en la Oficina de Campaña y Finanzas Políticas de Massachusetts. Cualquiera puede hacerlo; simplemente vaya a www.ocpf.us y luego presione Filers, Main page y escriba el nombre de cualquier candidato.
Es muy interesante porque verá quién contribuyó y cómo se gasta el dinero. Tengo muchas preguntas, pero por ahora, voy a tratar sólo con las contribuciones de los empleados de la ciudad.
El 17 de febrero de 2014, el Eagle-Tribune publicó un artículo de Keith Eddings titulado “Fundraising bonanza follows election.” Parte del artículo dice: “Rivera hizo la tarea de recaudar fondos para su campaña de alcaldía más difícil negándose a aceptar donaciones de empleados de la ciudad”, pero incluso entonces continúa el artículo: “Decenas de empleados de la ciudad compraron boletos de $50 a la gala inaugural de Rivera el 4 de enero, dirigida por policías, bomberos y maestros”.
Recientemente, el 3 de enero de 2017, otro artículo de Keith Eddings ” Rivera posts early lead in mayoral fundraising” (Rivera publica un avance temprano en la recaudación de fondos de la alcaldía) establece, “Incluyen al menos tres empleados de tiempo completo de la ciudad, que donaron a pesar de la promesa de Rivera de que no aceptaría contribuciones de empleados de la ciudad. Los tres son el Sargento de policía Fabián Guerrero, quien dio $100 usando su título de abogado con la dirección de su oficina legal; el Capitán de Policía Scott McNamara, que dirige el sindicato que representa a los oficiales superiores del departamento de policía y dio $100; y Jaime Meléndez, el director de servicios de veteranos, que dio $20. Rivera dijo el martes que devolvería sus contribuciones o las donaría a la caridad pública”.
Al revisar sus informes a OCPF, todavía no hay evidencia de haber devuelto o donado esos fondos.
Entre los oficiales de policía que han contribuido a su campaña además de los arriba mencionados, están el Teniente Daniel Fleming, el Sargento Michael Mangan, Nelson Potter y Ariel Montas.
Tenga en cuenta que la Sección 10 de las Leyes Generales de Massachusetts requiere el nombre y la dirección del donante. Curiosamente, muy a menudo se omite el nombre del empleador o utilizan una dirección falsa. El Sargento Mangan utilizó el domicilio de su madre en Lawrence, cuando en realidad él vive en Derry, NH. Lo sé porque chequeé su record de impuestos a la propiedad con la ciudad.
Sección 10: Nombre y dirección del donante; Divulgación: sanciones
Artículo 10. Ninguna persona podrá, directa o indirectamente, hacer una contribución de campaña en ningún otro nombre, excepto el suyo propio o de ninguna manera con el propósito de disfrazar el verdadero origen de la contribución, o a menos que haga saber su nombre y dirección residencial a la persona que recibe dicha contribución en el momento en que se efectúe dicha contribución; ni tampoco una junta de fideicomiso, fundación o asociación que no sea un comité político, hará una contribución de campaña, a menos que en el momento en que se haga dicha contribución también se dé a conocer a la persona que reciba dicha contribución los nombres y direcciones de sus funcionarios principales. Ningún candidato o comité político o persona que actúe bajo su autoridad o en su nombre recibirá intencionadamente una contribución de campaña, o entrará a sabiendas o hará que la misma sea inscrita en las cuentas o registros de tal candidato o comité, a menos que las disposiciones de esta sección hayan sido cumplidas.
La violación de cualquier disposición de esta sección será castigada con pena de prisión de no más de un año o una multa de no más de mil dólares.