El Informe de Bennett
Esta noche, 22 de enero, habrá una reunión para discutir la investigación sobre el jefe interino de policía William Castro, convocada a una Reunión Pública Especial del Concejo Municipal de Lawrence, que es todo menos pública.
Fue convocada por el presidente del Concejo Jeovanny Rodríguez y la vicepresidenta Stephany Infante para la “Revisión y Discusión del Informe Bennett de octubre de 2024 e Investigaciones Relacionadas”. No habrá una sección de Participación Pública ni comunicaciones del alcalde.
La reunión será a puerta cerrada cuando regresen, y solo los medios de comunicación de su elección escucharán su versión.
Desde que se hizo público el “Informe Bennett”, despertó muchas críticas en las redes sociales, el 99% negativas hacia el alcalde y el jefe Castro. Aun así, estoy dispuesta a apostar que el 90% de ellos, incluidos los miembros del Concejo Municipal, no lo han leído. Lo digo porque estoy en proceso de leerlo. La mayoría de la gente sabe leer, pero no tiene comprensión lectora. Este informe no es fácil de entender, tiene 83 páginas y está lleno de terminología legal que no estamos acostumbrados a leer. Ha sido difícil para mí y aún no lo he terminado. Pero he comprendido que la mayoría de las personas no saben leer. Sí, leen palabras y si alguien les pregunta qué aprendieron, solo pueden responder que Castro debería quedar fuera.
Para poder entender algunas de las afirmaciones, tuve que consultar el folleto policial del Departamento de Policía de Lawrence, en particular lo que dice sobre la “política de persecución”.
En primer lugar, el informe está incompleto porque el objetivo principal era investigar a todos los involucrados en la persecución y las acciones del jefe Castro, y no fue entrevistado. Cuando Bennett envió un correo electrónico al abogado de Castro para programar una entrevista, el abogado de Castro tuvo un conflicto y pidió reprogramarla. Sin proporcionar otro día para realizar la entrevista, Bennett terminó su informe y lo envió al abogado de la ciudad, al teniente Rossi y al POST.
Espero que la ciudad demande a Comprehensive Investigations and Consulting (CIC) por un trabajo incompleto y reembolse los $50,000 que recibió la empresa. Lo que pone en duda cómo no se le permitió al alcalde la oportunidad de examinar el informe antes de que se enviara incompleto.
En otra nota, el alcalde DePeña no pidió recomendaciones. Solo quería los resultados de su investigación, al igual que se han hecho todas las demás investigaciones. Las recomendaciones se harán a nivel local.
Justo en la página 4, hay una cita de un correo electrónico de Octavien Spanner: “Detener la investigación”, no terminar. Luego, en la página 7, hay una contradicción de lo anterior. Dice “cesar la investigación” cuando el correo electrónico no lo decía. Es justo decir que el informe de Bennett tiene más preguntas que respuestas.
El sargento Michael Simard le dijo al CIC que no está permitido que un oficial de policía conduzca por una acera para seguir a un automóvil. El investigador le pidió a Simard una copia de la Política de Persecución, pero nunca la recibió. La política no dice eso.
Según el informe, Simard dijo que la política del Departamento de Policía de Lawrence exige alertar al despacho y al OIC si se lleva a cabo una persecución, pero la política no dice eso.
También con aviso, el alcalde solicitó que se le enviara el informe una vez que estuviera terminado. En cambio, este informe inacabado, plagado de imprecisiones y sugerencias no solicitadas, se envió a varias personas, incluido el teniente Paul Rossi, la Comisión POST y el jefe del sindicato de policía, que son el sargento Michael Simard y el detective Paul MacMillan.
Seguiré leyendo para descubrir más discrepancias e informaré lo antes posible. Una recomendación que me gustaría hacer al público es que no se dejen llevar por los fanáticos o las personas que tienen un interés particular en este tema. Analicen lo que leen y saquen sus propias conclusiones porque seguir la opinión de personas mal inspiradas o simplemente ignorantes es muy peligroso.
Trump quiere eliminar la “ciudadanía por derecho de nacimiento”
Recientemente, escribí sobre los planes para eliminar la ciudadanía estadounidense a las personas nacidas en este país de padres que no están aquí como residentes permanentes o ciudadanos.
Durante décadas, un niño nacido en los Estados Unidos, incluso si la madre estaba aquí como turista, su recién nacido era considerado ciudadano o ciudadano por derecho de nacimiento. Cumpliendo su promesa, el lunes, después de su toma de posesión, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que inicia la larga lucha para analizar la 14ª Enmienda que protege a esos ciudadanos.
Al día siguiente, 18 estados planeaban emprender acciones legales contra ese mandato, incluido Massachusetts. La fiscal general de Massachusetts, Andrea Campbell, se presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts pidiendo al tribunal que invalide la orden y bloquee cualquier acción para implementarla.
En una declaración, Campbell argumentó que la orden de Trump negaría la ciudadanía y todos los privilegios asociados a más de 150.000 niños nacidos cada año en los Estados Unidos. Además, los estados argumentan que la orden les exigiría modificar el funcionamiento y la administración de los programas de beneficios. “El presidente Trump no tiene la autoridad para quitar derechos constitucionales, y lucharemos contra su intento de anular nuestra Constitución y castigar a los bebés inocentes nacidos en Massachusetts”, dijo Campbell.
La ciudadanía por derecho de nacimiento significa que cualquier persona nacida en los EE. UU. es ciudadana, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Por ejemplo, las personas que están en los Estados Unidos con una visa de turista o de otro tipo o que se encuentran en el país ilegalmente pueden convertirse en padres de un ciudadano si su hijo nace aquí.
La semana que viene, compartiré una historia de cómo comenzó y se convirtió en la norma. Trump y sus aliados cuestionan la interpretación de la 14.ª Enmienda y dicen que deben existir normas más estrictas para convertirse en ciudadano.
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