La Comisión encuentra motivos razonables para creer que Atkinson, Jajuga y Vidler violaron la ley de conflicto de intereses al votar sobre el contrato policial
La Comisión de Ética del Estado emitió cartas de educación pública a los ex concejales de la Ciudad de Methuen, James Atkinson, James Jajuga y Lynn Vidler para resolver las denuncias de que violaron la ley estatal de conflictos de intereses cuando participaron en dos votos del Concejo de la Ciudad en el 2017 para aprobar el Acuerdo de Negociación Colectiva de Oficiales Superiores del Departamento de Policía de Methuen. Según las cartas, los tres ex concejales confiaron en el asesoramiento legal incorrecto del abogado de la Ciudad de Methuen cuando votaron por el acuerdo de los Oficiales Superiores.
La ley de conflicto de intereses prohíbe que los empleados municipales, incluyendo los funcionarios electos, participen oficialmente en asuntos relacionados con sus propios intereses financieros, los de un miembro de la familia inmediata o los de una organización con la que tienen un acuerdo para un futuro empleo. Sin embargo, en circunstancias excepcionales, cuando una junta elegida está legalmente obligada a actuar sobre un asunto, cuando no es posible llegar a un quórum de miembros de la junta sin conflictos de intereses, y cuando no hay otro organismo gubernamental que pueda actuar sobre el asunto, la junta puede invocar la “Regla de Necesidad” creada judicialmente para permitir la participación de los miembros en conflicto.
Según las cartas, a Atkinson, Jajuga y Vidler se les prohibió votar en el contrato de los Oficiales Superiores porque en el momento de las votaciones Atkinson tenía una oferta pendiente para trabajar para el Departamento de Policía de Methuen y el hijo de Jajuga y el esposo de Vidler eran oficiales superiores en el Departamento. Sin embargo, basándose en el consejo erróneo del abogado de la ciudad, el Ayuntamiento invocó incorrectamente la Regla de Necesidad y Atkinson, Jajuga y Vidler votaron por el contrato en un par de votos de septiembre del 2017.
Con la participación de Atkinson, Jajuga y Vidler, el Concejo de la Ciudad, el 18 de septiembre de 2017, votó unánimemente dos veces para aprobar el Acuerdo de Negociación Colectiva de los Oficiales Superiores sin presentación, discusión o explicación antes de las votaciones sobre los términos, el costo o el impacto financiero del acuerdo. Atkinson, Jajuga y Vidler declararon bajo juramento que, en el momento de las votaciones, creían que el contrato no preveía un aumento salarial en su primer año, seguido de aumentos del 2% en el segundo y tercer año. Después de que Jajuga se convirtió en alcalde de Methuen, su oficina realizó un análisis financiero que estimó que los salarios de los oficiales superiores aumentarían en realidad más del 180% a aproximadamente $440,000 bajo el nuevo Acuerdo de Negociación Colectiva aprobado.
De acuerdo con las Cartas de Educación Pública, las circunstancias requeridas para invocar adecuadamente la Regla de Necesidad no existían con respecto a los votos del Concejo de la Ciudad en septiembre del 2017 para aprobar el Acuerdo de Negociación Colectiva de los Oficiales Superiores porque el Concejo de la Ciudad no estaba legalmente obligado a votar sobre el Acuerdo en ese tiempo y un quórum de concejales podrían haberse alcanzado sin Atkinson, Jajuga y Vidler. Por lo tanto, la Comisión encontró que había razones lógicas para creer que la participación de Atkinson, Jajuga y Vidler en las votaciones violaba la ley de conflicto de intereses.
Según las cartas, la Comisión decidió resolver estos asuntos a través de Cartas de Educación Pública, en lugar de a través de procedimientos judiciales, por varias razones: (1) Atkinson, Jajuga y Vidler confiaron de buena fe en el consejo del abogado de la ciudad para votar por la aprobación del Acuerdo de Negociación Colectiva de los Oficiales Superiores; (2) antes de las votaciones del Acuerdo, todos tenían la práctica de abstenerse de los asuntos policiales de Methuen; (3) ninguno estuvo involucrado en la negociación o redacción del Acuerdo; (4) el Concejo Municipal aprobó por unanimidad el Acuerdo y evidentemente lo habría aprobado sin sus votos; y (5) todos cooperaron plenamente con la investigación de la Comisión.
Atkinson, Jajuga y Vidler acordaron emitir las Cartas de Educación Pública y optaron por no ejercer sus derechos a una audiencia.
La Comisión tiene autoridad estatutaria para rescindir o cancelar una acción tomada por una junta municipal si encuentra a través de un procedimiento judicial que una violación de la ley de conflicto de intereses influyó sustancialmente en la acción. Al resolver estos asuntos con las Cartas de Aplicación Pública, la Comisión no llevó a cabo procedimientos de adjudicación y no encontró que la participación de Atkinson, Jajuga y Vidler en los votos del Concejo de la Ciudad para aprobar el Acuerdo de Negociación Colectiva de los Oficiales Superiores de los Oficiales Superiores influyó sustancialmente en esa aprobación. Según las Cartas de Educación Pública, el Concejo de la Ciudad, que, sin ninguna discusión sustantiva, votó unánimemente dos veces para aprobar el contrato de los Oficiales Superiores, evidentemente lo habría aprobado sin los votos de Atkinson, Jajuga y Vidler.
La Comisión alienta a los empleados públicos a comunicarse con la División Legal de la Comisión al 617-371-9500 para obtener asesoramiento gratuito si tienen alguna pregunta sobre cómo puede aplicarse la ley de conflicto de intereses.
