Por Alberto Surís
Con la intensión de orientar a la comunidad especialmente a los comerciantes, el Representante Estatal Frank Morán convocó a una reunión con funcionarios estatales representantes del Departamento de Accidentes Industriales, División de Licencias Profesionales y Comisión de Bebidas Alcohólicas.
Según explicó el Representante Morán, la Sra. Julia Silverio, propietaria junto a su esposo Darío Silverio de Silverio Insurance, se le acercó con la preocupación de que inspectores estatales de las organizaciones arriba indicadas se presentaban en los establecimientos solicitando todo tipo de documentos y si no los tenían, los multaban y/o le cerraban el establecimiento.
Silverio opina que esto es abusivo, por lo que el Representante Morán convocó a un panel compuesto de Robert Cronin, Alan Green, René Fuertes, y Nilton Monteiro, del Departamento de Accidentes Industriales y Christopher Carroll, jefe investigador de la División de Licencias Profesionales.
Oímos explicar por varios miembros del panel que ellos vienen a Lawrence no buscando negocios ilegales para multarlos y/o clausurarlos. El problema se presenta cuando algunos comerciantes no están dentro de la ley al no tener la documentación necesaria para operar un negocio.
Los inspectores explicaron claramente que de la forma en que está escrita la ley, no les permite hacer concesiones tales como plazos para ponerse al día. La ley es estricta: no pueden abrir un negocio sin tener los seguros necesarios y si están abiertos, tienen que multarlos hasta que obtengan los permisos correspondientes.
René Fuertes explicó sobre la necesidad de tener Workmen’s Compensation Insurance para un negocio que tenga empleados. “La multa por no tener ese seguro es de $100 diarios,” dijo.
En caso de un accidente, el gobierno responde por los gastos y las necesidades de ese empleado cuando están cubiertos por Workmen’s Comp, “Pero el gobierno se apodera de lo que el dueño del negocio tenga si hacen un reclamo y no están cubiertos debidamente,” explicó Alan Green, Director Diputado de Investigaciones del Departamento de Accidentes Industriales.
Julia Silverio pidió que detengan las órdenes de cierre (Stop Work Orders). “En el momento en que un investigador llega, les está costando hasta $1,000 en multas y penalidades. La ciudad necesita hacer más por educar a los comerciantes,” dijo Julia. “El público no recibe información sobre los requisitos para abrir y mantener un negocio.”
El Concejal Jeovanny Rodríguez estaba curioso por la forma en que los inspectores ven a las barberías. “Ellos son subcontratistas ya que simplemente alquilan una silla, pero no son los propietarios del local.” Las barbarías reciben multas de $250 diarios según el Concejal Rodríguez.
La razón para tales multas es porque hay aprendices y Masters y deben estar debidamente licenciados. “Los barberos obedecen a un mandato estatal y son inspeccionados en el término de 10 días después de establecerse en su negocio,” explicó Christopher Carroll, Jefe Investigador de la División de Licencias Profesionales. “Todo es por la protección del consumidor.”
Debido a que a la reunión asistió la Senadora Bárbara L’Italien, los Representantes Marcos Devers y Frank Morán, los inspectores sugirieron que ellos sí pueden resolver la situación solicitando una enmienda a la establecida ley.
La Senadora L’Italien también sugirió que el estado publique un folleto bilingüe señalando los requisitos necesarios antes de establecerse en un local. El Sr. Cronin, Director de Investigaciones del Departamento de Accidentes Industriales dijo que ha pensado en hacer eso.
