¿En quién debemos confiar?
Esta semana, la Corte Suprema de los Estados Unidos escuchó los casos relacionados con las vacunas obligatorias impuestas por el gobierno federal y durante los argumentos del viernes, varios jueces promovieron información errónea sobre el COVID-19, incluidos los jueces Sonia Sotomayor y Stephen Breyer.
Sotomayor afirmó falsamente que 100,000 niños están gravemente enfermos de COVID-19. La cifra ronda los 3,500.
Breyer dijo falsamente que el 6 de enero se registraron 750 millones de nuevos casos de COVID-19. Estados Unidos tiene una población de 331 millones de personas y registró poco menos de 792,000 casos el 6 de enero.
La jueza Elena Kagan también recibió críticas por afirmar que “sabemos que la mejor manera de prevenir la propagación es que las personas se vacunen y para prevenir enfermedades peligrosas y la muerte es que las personas se vacunen” y que “la segunda mejor es usar mascarillas”.
Las vacunas no previenen la transmisión del virus que causa el COVID-19, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, aunque ayudan a prevenir enfermedades graves.
Cuando se tomaron los votos, la Corte decidió 6 a 3 que el gobierno no tenía autoridad para obligar a vacunar a millones de personas que trabajan para empresas privadas. Lea el artículo de José Alfonso García en la página 2 de esta edición para una mejor descripción de este logro.
Aquí vamos de nuevo…
Está comenzando un nuevo año con nuevos miembros del Concejo Municipal que no conocen bien las reglas, leyes y prácticas de ese organismo. Esto no es una crítica negativa, sino una advertencia para todos (miembros antiguos, miembros nuevos y público en general) de que se pueden cometer errores como resultado.
Por ejemplo, vi la reunión del Comité de Ordenanzas del martes pasado y estaba confundida sin poder entender algunas de las cosas que estaban pasando. Estaban discutiendo la creación de tres nuevos puestos para personas que ya estaban seleccionadas.
Las campanas comenzaron a sonar en mi cabeza porque incluso yo sé que cuando se agrega un nuevo puesto al presupuesto de la ciudad, es un proceso largo. Después de redactar una descripción del trabajo con los requisitos de experiencia y educación y aprobar la escala salarial, debe publicarse y cualquier persona en la comunidad tiene la oportunidad de solicitar consideracion.
¡Pero estos trabajos ya fueron asignados a algunas personas! ¿Puede decir ILEGAL?
Martha Vélez, jefa de Servicios Humanos explicó en televisión que quiere darle un aumento de sueldo a una oficinista y la única forma es darle el título de Secretaria Confidencial. Simplemente cambiar el título no es la forma de hacerlo. Ella está creando otro trabajo y debe publicarse para que cualquiera pueda solicitar ser considerado.
Milagros Puello del Departamento de Agua solicitó un Gerente de Seguridad. Esta persona estará a cargo de coordinar la seguridad en el trabajo, inspeccionar los trabajos de reparación e investigaciones de accidentes. Algo me dice que esta persona tendrá que ser ingeniero pero ¡NO! El requisito educativo es solo la escuela secundaria.
Luego, otro para Asesor Político Senior y Asuntos Externos con un salario de $150,000. Durante las audiencias presupuestarias del año pasado, recuerdo que alguien dijo que el salario máximo permitido es de $120,000. No escuché a nadie mencionar eso el martes pasado y me pregunto si se ha incrementado. No obstante, estos trabajos fueron enviados a todo el cabildo y serán discutidos el próximo martes.
La nueva Directora de Personal estuvo en el Comité de Ordenanzas del martes por la noche influenciando a los miembros para que aprobaran el puesto de asesor senior de $150,000. Ella es abogada pero ciertamente no ha aprendido acerca de la escala salarial de la ordenanza y el mecanismo de puntuación que ha estado vigente durante muchos años. Aprendi sobre ese sistema cuando Nazario Esquea fue pasado por alto para un ascenso que merecía con razón.
No puedo creer que los miembros del Comité de Ordenanzas estén tan ciegos que ni siquiera puedan seguir sus propias reglas o lo que tanto la Directora de Personal como el Comité de Ordenanzas están tratando de ocultar. El problema es que se acostumbraron tanto a que las personas fueran seleccionadas y asignadas a los trabajos antes de que fueran publicados bajo las administraciones anteriores que se ha convertido en la norma.
Mi preocupación es que se puedan aprobar por desconocimiento de algunos miembros del concejo que no están al día con las reglas. Los nuevos puestos deben ser aprobados por el Alcalde y el Concejo Municipal. En este momento, no sé si fueron autorizados por el Alcalde Brian DePeña o si él tan siquiera sabía al respecto.
Alguien escribió una descripción en una hoja de papel y decidió que se le debía pagar los $150,000, sin proceso, imparcialidad o siguiendo la ley.
Lo mismo ocurre con el otro puesto de Gerente de Seguridad en DPW. Aquí vamos de nuevo.
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