El plan del presidente Donald Trump de quitar toda ayuda a las ciudades santuarios, es una medida contraproducente e irracional. Este proyecto profundizará la división del país, afectará el desarrollo económico y la salud de aquellas ciudades que protegen la totalidad de sus habitantes sin necesidad de indagar su estado migratorio.
Por una parte, el gobierno federal, a través de sus agencias gubernamentales, destina fondos económicos a los estados, condados y municipios para crear desarrollo económico y resolver problemas que aquejan sus comunidades.
El Departamento de Desarrollo Urbano de la nación (U.S. Department of Housing Urban Development, HUD), por ejemplo, otorga recursos económicos, a través de donaciones (CDBG grants), a los gobiernos locales para “proveer servicios a los grupos más vulnerables de la comunidad y para crear trabajos por medio de la expansión y la retención de negocios”.
Los dirigentes municipales (alcalde y concejales) son los directos responsables de la distribución de estos recursos. Normalmente los utilizan en la creación de desarrollo, ampliando arterias vehiculares, haciendo obras de mantenimiento o construyendo nuevos edificios.
Otra parte pequeña (entre 10% a 20% de los recursos, dependiendo del tamaño de la ciudad), las autoridades de gobierno los reparten entre las organizaciones sin ánimo de lucro, quienes normalmente se ocupan de atender problemas sociales y de salud de sus residentes. Cuanto más grande y más responsabilidad tiene la organización con la comunidad, mayor es el dinero que recibe.
Estos proyectos crean una relación positiva entre el estado federal y los gobiernos locales. El plan de Trump estaría quebrantando este tipo de relaciones.
Por otra parte, el plan anti-inmigrante del gobierno de Trump probablemente buscará que los policías municipales y los agentes de migración cooperen y compartan información para deportar a los inmigrantes indocumentados.
Tradicionalmente, el trabajo de la policía ha sido hacer cumplir las leyes de la ciudad, responder a los llamados de la gente, controlar el tráfico, hacer investigaciones preliminares, patrullar la ciudad y algunas veces enfrentarse a las organizaciones criminales.
El trabajo de los policías no es precisamente investigar a la gente de acuerdo a su origen nacional o étnico, ni mucho menos exigir documentos migratorios, sino velar por la seguridad de sus habitantes.
Muchos jefes de policías piensan que el trabajo de la policía es limitarse a cuestiones de seguridad urbana y no a labores federales. Charlie Beck, jefe de policías de Los Ángeles, sugiere que sus oficiales dependen de la información y las quejas de sus vecinos para mantener la seguridad de la comunidad. Su departamento no estaría cooperando con cualquier plan de deportaciones. Así, el proyecto de Trump crea paradójicamente inseguridad.
Humberto Caspa, Ph.D., es profesor e investigador de Economics On The Move. E-mail: hcletters@yahoo.com
